Los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala presentaron una nota formal ante la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán en la que advirtieron que el Estatuto vigente prohíbe un tercer mandato consecutivo en el rectorado y solicitaron el “estricto cumplimiento” de esa limitación de cara a la inscripción de candidaturas.
En un nuevo capítulo del conflicto institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán, los decanos que impulsan la acción judicial contra una eventual nueva candidatura del rector Sergio José Pagani trasladaron ahora su planteo al ámbito electoral interno. A través de una presentación dirigida a la Junta Electoral, reclamaron que se ejerza un control de legalidad previo sobre las postulaciones y se rechace cualquier intento de habilitar una re-reelección.
En el escrito, ambos decanos -quienes además integran una fórmula para competir por el rectorado- plantearon que la intervención de la Junta Electoral no sólo es posible, sino obligatoria. En ese sentido, sostuvieron que los órganos electorales “tienen el deber jurídico de controlar de oficio la legalidad de las candidaturas al momento de tramitar su inscripción y oficialización”, y advirtieron que permitir postulaciones contrarias al Estatuto implicaría “una omisión ilegítima del deber de control”.
El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNTEl eje central del planteo es la interpretación del nuevo Estatuto de la UNT, aprobado en 2024 tras un prolongado proceso deliberativo. Según los decanos, la norma es clara en cuanto a la limitación de mandatos y no admite interpretaciones que habiliten una nueva candidatura del actual rector. “Las normas tienen una claridad que no deja margen alguno para interpretaciones extensivas que desnaturalicen su sentido”, afirmaron en la presentación.
En esa línea, recordaron que durante el debate en la Asamblea Universitaria se rechazó expresamente la posibilidad de habilitar terceros mandatos consecutivos. “La moción que prohibía la posibilidad de una nueva postulación a un tercer mandato consecutivo fue aprobada por una clara mayoría”, señalaron, al enfatizar que esa voluntad quedó plasmada en el texto estatutario vigente.
El planteo incluye una referencia directa al caso del rectorado, que actualmente se encuentra judicializado. Allí sostienen que el artículo 17 del Estatuto establece la “expresa prohibición de participar en un tercer mandato consecutivo” y que la cláusula transitoria 190 fija que el segundo mandato en curso concluye en mayo de 2026 “sin posibilidad de reinicio de mandatos”.
Los decanos también invocaron principios clásicos de interpretación jurídica para reforzar su posición. “Rige aquí el principio ‘in claris non fit interpretatio’ (ante la claridad no se debe interpretar)”, afirmaron, al calificar la situación como un “caso fácil” que no requiere mayores debates hermenéuticos.
Rumbo a las elecciones: "la UNT debe volver a enamorar a la sociedad"La presentación advierte que el respeto de estas reglas no es una cuestión meramente formal, sino una garantía del sistema republicano dentro de la universidad. Según expresaron, se trata de “reglas típicas de limitación de poder destinadas a garantizar la renovación de las autoridades y evitar la personalización de las instituciones”.
El escrito también contiene una advertencia explícita hacia la Junta Electoral: en caso de que se admitan candidaturas que vulneren el Estatuto, los firmantes adelantaron que promoverán nuevas acciones judiciales. “Dejamos expresamente planteada la reserva de accionar judicialmente (…) frente a cualquier acto que implique la admisión de candidaturas en violación del Estatuto”, indicaron, e incluso mencionaron la posibilidad de solicitar medidas cautelares que incluyan la suspensión del proceso electoral.
Este planteo se suma al expediente que tramita ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien aún no resolvió ni la medida cautelar ni la cuestión de fondo vinculada a la interpretación del Estatuto. Como se informó, el magistrado adelantó que ambas cuestiones serán definidas en una misma sentencia, en un contexto de creciente presión por los plazos del calendario electoral.
Mientras tanto, la Universidad, a través de su apoderado Jorge Chehín, sostiene la postura contraria y afirma que no existe un caso concreto ni una incertidumbre jurídica actual que habilite la intervención judicial, al tiempo que defiende la autonomía universitaria y la validez del proceso electoral en curso.
Elecciones de consejeros: JxC se impone en el estudiantado de la UNTCon la inscripción de candidaturas cada vez más próxima y sin una definición judicial, el conflicto suma ahora un nuevo frente dentro de la propia estructura institucional de la UNT. La decisión de la Junta Electoral y, sobre todo, la inminente resolución del juez federal serán determinantes para establecer las reglas definitivas de la competencia por el rectorado.